Turistas: En Ibaguè Sentencia ratificó continuidad del servicio académico presencial

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito consideró que no se vulneraron derechos fundamentales de los directivos docentes, y desestimó la solicitud para suspender las clases presenciales.

Ibagué, 6 de agosto de 2021

Mediante sentencia de primera instancia, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la Asociación Sindical de Directivos Docentes del Tolima, Asdetol, que se negaban el retorno a las clases presenciales.

Esta determinación se fundamentó en que no se vulneraron los derechos a la vida, salud, trabajo digno, igualdad y educación, como argumentó la organización; por ello, se estableció que no se suspenderá el retorno a las aulas.

“Se han presentado dos fallos de tutela que han sido positivos para garantizar el derecho a la educación; en uno de ellos se pretendía la suspensión de las clases presenciales en toda la ciudad, y en el otro, se pedía suspender en el colegio Liceo Nacional; sin embargo, el resultado ha sido favorable para el Municipio”, indicó Juan Manuel Rodríguez, secretario de Educación.

De manera paralela, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué desestimó la acción de tutela interpuesta por padres de familia del colegio Liceo Nacional que, pretendía la suspensión de clases presenciales en el plantel, al considerar que no se vulneraron los derechos de los menores y se brindaron las garantías de bioseguridad en el entorno educativo.

Es de resaltar que para facilitar la reapertura de instituciones educativas oficiales, la Alcaldía de Ibagué lideró una jornada de vacunación a más de 4.000 funcionarios del sector educativo, sumado a la entrega de más de 80.000 kits de bioseguridad con caretas, tapabocas, alcohol, jabón, toallas, entre otros elementos para el cumplimiento de protocolos.

Con el propósito de verificar las condiciones del retorno, y en cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Doce Administrativo mixto del circuito de Ibagué, la Secretaría de Educación conformó una comisión para evaluar en las sedes aspectos como infraestructura, servicios públicos, aforo, entre otros, que permitan un entorno seguro para estudiantes y docentes