El acceso y la redistribución de la propiedad de la tierra fue uno de los ejes temáticos en los que se basó la campaña electoral del actual gobierno. Estas propuestas basadas en un buen espíritu de reivindicación histórica abrían las puertas a comunidades marginadas para el acceso a este medio de producción de inexorable importancia para el desarrollo socioeconómico y la seguridad alimentaria de cualquier sociedad. Sin embargo, parece que en el camino el mensaje se distorsionó y sin ser su objetivo, propició acciones que sobrepasan la legalidad atentando sobre instituciones tan fundamentales como la propiedad privada, eje fundamental en que el que se basan una basta cantidad de interacciones sociales y económicas y cuyo derecho está protegido por el estado. El asunto de la propiedad privada no es un tema menor y su ámbito abarca desde las ideas y materializaciones que las personas les den a estas, cómo las patentes, hasta la más obvia como el derecho al uso posesión y usufructo de bienes materiales. Es así como este concepto no es ajeno a ningún ser humano y se espera que el Estado sea un protector y promotor del respeto a este derecho. En este orden de ideas vale la pena mencionar el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia donde se promulga que “… Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores…” y es por esto por lo que el actual gobierno como cabeza del Estado, al igual que todos los ciudadanos, está llamado al cumplimiento de los mandatos de nuestra